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Presión para que los partidos políticos otorguen recursos electorales a damnificados por los sismos en México

Política

Por: pijamasurf - 09/22/2017

Existen vías legales para que el dinero que reciben partidos del Estados sea canalizado a ayudar a los damnificados por los sismos y otros desastres naturales, según el consejero presidente del INE

Ante los trágicos acontecimientos producidos por los dos recientes sismos en México, ha empezado a cobrar fuerza una iniciativa ciudadana que exige a los partidos políticos  dirigir recursos electorales en apoyo a los damnificados. El Consejero Presidente del INE Lorenzo Cordova publicó en un video su posicionamiento, señalando que sí existen elementos legales para que los partidos donen (o quizás mejor dicho "devuelvan") los recursos que reciben del estado.

 

Ante esto se han presentado diferentes reacciones, entre ellas Andrés Manuel López Obrador señaló que propondrá dirigir 50% de los recursos electorales a su partido MORENA. López Obrador habla también sobre la creación de un fideicomiso dirigido por personas independientes al gobierno. Aunque bien recibida esta propuesta, algunos usuarios, sin embargo, exigen que sea más del 50%. Otros políticos también han hecho propuestas similares.

En las redes sociales se ha lanzado campañas de activismo como esta de Change.org en la que se reúnen firmas para apoyar esta medida y ejercer presión. El INE reparte para el 2018 4.2 mil millones de pesos para gasto ordinario y 2.1 mil millones para gastos de campaña, el presupuesto más alto de la historia, algo que llama la atención en un país donde hay 60 millones de personas en pobreza extrema. La sociedad civil busca unirse para evitar que los partidos políticos sigan existiendo en una posición de privilegio, alimentándose de estos presupuestos para crear organizaciones parasitarias y ahorrarnos también la abyecta procesión de la publicidad de las campañas. 

Es una buena oportunidad para afectar de alguna manera al sistema de partidos encumbrados en la impunidad y el privilegio -bajo un razonamiento de que si de todas maneras van a hacer uso político de la tragedia, al menos que les cueste. Evitar o al menos mitigar significtaivamente la publicidad electoral que se convierte en un mar de contaminación audiovisual y que alimenta a medios como Televisa y otros que viven en una estrecha relación de complicidad con la clase política -la cual parece tener en cierta forma rehén a una sociedad que ha demostrado mayor vitalidad y capacidad de actuar que éstos. En gran medida este presupuesto es el que mantiene a todas estas mafias políticas y a medios de comunicación que contribuyen a la ignorancia generalizada. Surge entonces la apremiante posibilidad de canalizar esta movilización masiva en un momento tan sensible -que es visto a la vez con temor y oportunidad por los partidos- para negociar y presionar. 

El terremoto de 1985 sirvió en gran medida para impulsar la llamada sociedad civil, demostrando que en muchos casos era más eficiente que el mismo gobierno. Este sismo podría hacer consolidar ese movimiento, pero sólo si se logran resultados tangibles. El ímpetu de ayudar y exigir rendición de cuentas debe de organizarse manera inteligente para que puedan producirse cambios benéficos a mediano y largo plazo y no sólo paliativos para la emergencia.
 

 
 
 

Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas con software para perseguir terroristas

Política

Por: pijamasurf - 09/22/2017

Gobierno mexicano acusado de espiar a periodistas como Carmen Aristegui, activistas y defensores de derechos humanos que tienen en común denunciar la corrupción del mismo gobierno

El New York Times publicó hoy información basada en un reportaje de Citizen Lab, Article 19 y otras organizaciones ciudadanas, en el que se revela el uso de un programa para espiar que el gobierno mexicano ha utilizado en contra de activistas y periodistas, notoriamente Carmen Aristegui.

Entre los personajes que el Times ha descubierto que fueron espiados se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes en el caso Ayotzinapa, defensores de los derechos humanos (entre ellos, una mujer estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía), el periodista Carlos Loret de Mola y un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción.  

Article 19 y R36 y sostienen haber documentado otros 76 intentos de hackeo con este spyware a través de enlaces infecciosos vinculados a la infraestructura de Pegasus. Cada infección exitosa superaría los 70 mil dólares en costo.

La Sedena, la PGR y el CISEN habrían gastado desde el 2011 unos 80 mil millones de dólares en este software fabricado por la empresa israelí NSO. El spyware Pegasus funciona al enviar mensajes de texto a los aparatos que busca monitorear para infiltrarse y obtener acceso a información que incluye "llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto".

NSO argumenta que vende su software a los gobiernos con la condición de que sea usado para combatir terroristas y grupos criminales. En México se utiliza contra periodistas y activistas. El New York Times explica:

según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

Ahora deberá discutirse si el gobierno ha hecho algo ilegal (algo que parece muy probable) y si esto podrá ser castigado puntualmente (algo que parece poco probable). La ley mexicana marca que la vigilancia de comunicaciones privadas debe autorizarse por un juez federal bajo la justificación de un caso legal que argumente la necesidad de realizar dicha vigilancia. No se cree que el gobierno haya tenido aprobbación judicial para hackear los teléfonos de periodistas y activistas. Toda lógica sugiere que el gobierno carece de esta autorización, en tanto que resultaría absurdo pedir permiso a un juez para vigilar a alguien que justamente se dedica a vigilar los derechos humanos de los demás.

Por si esto fuera poco, el Times documenta esfuerzos radicales y escandalosos para lograr obtener acceso a los celulares de los periodistas y activistas, incluyendo enviar mensajes sobre supuestos amoríos extramaritales y atacar el teléfono del hijo de Carmen Aristegui. 

Aunque el Times está completamente seguro en su acusación de que el software debe de haber sido usado por el gobierno mexicano, al someter los mensajes al análisis de ciberexpertos y cotejar las fechas en las que el spyware se empleó, resalta el hecho de que Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó y no se puede determinar exactamente quién está detrás del intento de hackeo. Así explican RD3 y Article 19 las pruebas de la intencionalidad del gobierno:

Por ejemplo, personal del Centro Prodh recibió intentos de infección durante coyunturas como el décimo aniversario de la represión en Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la presentación del informe final del caso Ayotzinapa por parte del GIEI. En el caso de Aristegui Noticias, los mensajes recibidos ocurrieron durante sucesos como la exoneración del presidente Peña Nieto por el conflicto de interés de la casa blanca o la publicación de reportajes relacionados con la figura presidencial.

Otro de los objetivos, Carlos Loret de Mola, recibió intentos de infección cuando escribía sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán. Por su parte, personal del Instituto Mexicano para la Competitividad fue objetivo de ataques con el malware Pegasus durante la discusión de la ley 3 de 3, en tanto que dos periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibieron mensajes tras la publicación del reportaje sobre la red de empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte, en el cual colaboró la organización.

Aunque esta información parece novedosa y alarmante, existen indicios de que el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia han ayudado al gobierno mexicano a espiar a sus ciudadanos por décadas, algo que por supuesto no aminora la gravedad de lo ocurrido.

 

Lee más sobre esto en el NY Times

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